Corrupción y Economía sumergida.

Antes de empezar, debo decir que este artículo es fruto del trabajo realizado con mis compañeros Manuel Martínez, Patricia Ronquillo y Jesús Poveda, para nuestra universidad, Rey Juan Carlos, cuyo enlace al archivo encontraréis al final.

Ahora, os invito a que leáis sobre un tema clave en nuestra economía, en nuestro país y nuestras vidas: la corrupción y la economía sumergida. Entendamos por qué están importante conocerla, cuantificarla y atacarla. Y entendamos las consecuencias de no hacerlo. Llegad hasta el final, y veréis que la inversión en la lectura habrá merecido la pena.

Ya desde la RAE la corrupción se entiende como una situación que se percibe en el sistema público: “Situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos”. Sin embargo, todos sabemos que este concepto alcanzaría un nivel global, alcanzando también el sector privado. En nuestro país, un órgano específico para la persecución de los delitos de corrupción es la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, esto es, el poder judicial. Sin embargo, y ya desde hace tiempo, tanto en España como en Europa han visto que nuestros medios son escasos e insuficientes, y que debemos mejorar la financiación de los partidos políticos, los recursos regionales y sobre todo, tener una mayor transparencia en nuestras instituciones, que mejore las contratas y los códigos éticos. Sin esto, seguiremos teniendo graves ineficiencias y pérdidas de ingresos. Problemas que están dentro de un bloque mucho mayor: la economía sumergida.

ALGUNOS DATOS SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA (E.S)

Cuando nos referimos a la E.S hablamos una parte, la mayor, del fraude fiscal: una modalidad de evasión fiscal donde se ocultan obligaciones de pago de impuestos, siendo punibles por el Derecho Penal. La economía en “B” no va tan lejos y se refiere sobre todo al fraude en cotizaciones sociales, impuestos “generales” y otros ejemplos similares que todos conocemos. En otro artículo trataré con detalle esta parte del tema donde distingamos todo con claridad, aunque en el documento podéis encontrar una distinción básica (pág. 6).

En nuestro país en 2014 (último año calculado) la E.S fue equivalente al 18.6% del PIB esto es, casi 200.000 millones de €. Una barbaridad. Se podría pensar que estamos “en la media” de la UE, pero el argumento se viene abajo cuando nos comparamos con otras economías punteras, como Alemania (13%), Francia (10%),  Reino Unido (10%) o EE.UU (6.6%). Esto indica que si estuviéramos en este entorno, de casi 10ppt menos, incluiríamos en la economía unos 100.000 millones de €. Veremos cuanto de ese dinero podría parar a las arcas del Estado.

Por Comunidades Autónomas, desde los años 90 la ES se ha disparado en todas las regiones, impulsada principalmente por el factor de la construcción, muy presente en todo el periodo, aunque aquí también hay desviaciones, ya que Ávila y Albacete se sitúan a la cabeza de la economía en negro, mientras que Madrid y Barcelona se encuentran muy por debajo de la media.

HACIENDA, LOS TÉCNICOS Y LA AMNISTÍA FISCAL

 Una economía oculta disparada, y ¿no se hace nada? Este pensamiento podría ser completamente lógico, aunque sería incorrecto, ya que se toman medidas pero no todas las que se debería: hay pocos medios y están mal utilizados. En las conclusiones podrán ver por qué.

Desde 2004, se elaboran cada año los Planes anuales de control tributario dirigidos por la Agencia Tributaria y que buscan la investigación del fraude, su control y posterior recaudación con la colaboración entre la AEAT estatal y las Agencias de cada CC.AA. De nuevo en el documento podréis encontrar algunas de las medidas más relevantes (pág. 14).

Sin embargo, la actuación más importante y polémica de los últimos años fue la Amnistía fiscal de 2012, una medida que se podría catalogar como desesperada para la reducción del déficit de nuestro país, y que ha sido la 3ª amnistía en España, después de las de 1984 y 1991. Una amnistía fiscal consiste en el “perdón” del dinero que se tiene sin tributar en España a cambio de traerlo al país, con una penalización inferior a la habitual. Con la medida, el Ejecutivo de Mariano Rajoy esperaba recaudar 2.500 millones de € aflorando 25.000 millones, es decir, que por cada euro regularizado, se pagaría un 10%. Por su parte, los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones pagan de media un 25% de impuestos. Un desfase de 15ppt.

Finalmente, el Gobierno recaudó 1.200 millones aflorando 40.000: cada defraudador pagó un 3% por todo lo escondido al fisco, en vez del 10% prometido inicialmente. Es decir, nos vamos a un desfase de 22ppt con el contribuyente que cumple con su país. También debe decirse que si los defraudadores hubieran sido sancionados de la forma “habitual”, habrían pagado como mínimo un 25% sobre lo defraudado; más diferencia aún.

También desde Europa se trata de reducir esta lacra (pág. 18), pudiendo hablar de los flujos automáticos de información fiscal que se producen entre las diferentes Instituciones de la UE.

La labor sobre la economía sumergida es tratada en mayor o menor medida por todos los gobiernos democráticos, y muchísimos economistas de todo signo proponen distintas medidas para ello, además de realizar estudios y relaciones entre variables como el paro o el nivel de estudios con la economía sumergida. En este sentido, el papel del austriaco Schneider y sus informes anuales gozan de un gran prestigio en todo el mundo.

CONCLUSIONES Y GRANDES CIFRAS

Nuestro país cuenta con una Agencia Tributaria moderna, y con instrumentos muy eficaces para perseguir el fraude, pero cuenta con 3 problemas a resolver: su ineficiencia en el uso de los recursos, problemas graves de información que genera incertidumbre y el bajo potencial recaudatorio (lo que se recauda) de todo nuestros impuestos, destacando el IRPF, IVA e IS. Problemas que podemos concretar con la ayuda de los últimos datos:

-          En España contamos con pocos inspectores y pocos recursos destinados a las Administraciones Tributarias (gráficos págs. 15,16.). Además, nuestra proporción de Empleado de Hacienda-contribuyente, de 1.928 es muy baja, comparada, por ejemplo con Francia, con una proporción 860 y Alemania, 729.

-          Los inspectores disponen también de poco tiempo: 5 años para que el fraude no prescriba y solo 1 para resolver el expediente sancionador.

-          Las grandes empresas producen en nuestro país el 70% del fraude, pero solo se destina el 10% del total de recursos a perseguirlo. Concretando, el 80% de las empresas del Ibex 35 trabajan con cuentas en paraísos fiscales, por no mencionar la ingeniería fiscal practicada a diario.

-          Dejamos de ingresar anualmente 20.000 millones de € en IS, y 15.000 millones en IVA. Si redujéramos el fraude al nivel del resto de economías desarrolladas, al menos recaudaríamos 20.000 millones de € anualmente.

Un sistema fiscal que necesita una reforma urgente, y un fraude sobre el que se actúa con pocos medios y mal dirigidos. Si pensáis que si redujéramos el fraude a la mitad, no serían necesarios más recortes, no os equivocáis, que no os engañen ;)

Podéis ver el documento completo en el siguiente enlace: Corrupción y Economía sumergida.